Descontento con la Constitución Política del Perú de 1993 desde una perspectiva económico-socioestructural

Ensayo  
Escribe: Pilar Vilcapaza Masco

Introducción

El debate sobre la vigencia de la Constitución Política de 1993 ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública peruana. Si bien esta carta magna garantizó estabilidad económica y consolidó un modelo neoliberal que permitió un crecimiento sostenido durante las primeras décadas del siglo XXI, no logró resolver problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza rural y el centralismo histórico. En este contexto, un sector significativo de la población, principalmente en las regiones del sur andino y la Amazonía, demanda la redacción de una nueva Constitución. El presente ensayo analiza las razones de este descontento desde un enfoque económico-socioestructural.

Desarrollo

1. Origen y naturaleza de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 fue elaborada tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y respondió a la necesidad de dotar de legitimidad al nuevo régimen. Su capítulo económico instauró un modelo basado en la economía social de mercado y en un Estado subsidiario, con un fuerte impulso a la inversión privada y la apertura comercial (Constitución Política del Perú, 1993). Estos principios permitieron que el país alcanzara uno de los crecimientos más dinámicos de la región entre 2000 y 2019. Sin embargo, este mismo diseño reforzó desequilibrios históricos.

2. Centralismo económico y desigualdad regional

El modelo económico de la Constitución del 93 consolidó el centralismo limeño, donde se concentra más del 50 % del PBI nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022). Mientras tanto, regiones como Puno, Cusco, Apurímac y Loreto, ricas en recursos naturales, experimentan un limitado impacto del crecimiento. El canon minero y gasífero no se redistribuye de forma equitativa, generando tensiones sociales en comunidades que perciben explotación de sus territorios sin mejoras tangibles en su calidad de vida (Bebbington, 2009).

3. Explotación de recursos y conflictos sociales

En regiones del sur andino, proyectos como Las Bambas (Apurímac) o Conga (Cajamarca) simbolizan las contradicciones del modelo extractivista. Las comunidades denuncian contaminación, falta de consulta previa y desigual distribución de beneficios. En la Amazonía, Loreto y Ucayali enfrentan problemáticas similares en torno a la explotación petrolera y forestal. Estos conflictos no solo son económicos, sino también socioestructurales, porque reproducen la exclusión histórica de pueblos indígenas y comunidades campesinas (De Echave, 2016).

4. Exclusión laboral y social

Otro factor del descontento es la flexibilización laboral impulsada en la década de 1990, que precarizó las condiciones de empleo en agroexportación, minería y servicios. Según López (2019), la Constitución del 93 priorizó la atracción de capitales sobre la protección laboral, lo que debilitó la seguridad en el trabajo y amplió la informalidad. A ello se suma la privatización de servicios básicos como salud y educación, que aumentó la brecha entre Lima y las regiones rurales.

5. Regiones más descontentas

El rechazo hacia la Constitución se concentra en el sur andino (Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna) y en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios). Estas regiones presentan mayores índices de pobreza y desnutrición, a pesar de su riqueza en recursos. Allí se percibe que el modelo económico consolidado en la Constitución de 1993 ha favorecido a las élites urbanas y a la inversión extranjera, sin atender las demandas de inclusión, redistribución y reconocimiento cultural.

Conclusión

El descontento con la Constitución de 1993 no se explica únicamente por su origen político en un contexto autoritario, sino por sus efectos económicos y socioestructurales. El modelo neoliberal plasmado en su texto permitió crecimiento macroeconómico, pero consolidó el centralismo, precarizó el empleo y profundizó desigualdades territoriales. Por ello, los reclamos de cambio se expresan con mayor fuerza en regiones históricamente marginadas, como el sur andino y la Amazonía. En suma, lo que está en disputa no es solo un texto constitucional, sino el modelo de desarrollo y el tipo de Estado que el Perú necesita para garantizar justicia social, equidad regional y reconocimiento de la diversidad cultural.

Referencias:

• Bebbington, A. (2009). Actores y ambientalismos: Conflictos socioambientales en el Perú. Lima: IEP.

• Constitución Política del Perú. (1993). Diario Oficial El Peruano.

• De Echave, J. (2016). Minería y conflictos sociales. Lima: CooperAcción.

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). Informe económico regional. INEI.

• López, S. (2019). Trabajo, informalidad y derechos laborales en el Perú. Lima: PUCP.