MUJERES INDÍGENAS DEL PERÚ EN EL 8M ¿QUÉ DEBEMOS EXIGIR ANTE LA INSUFICIENCIA DE LAS LEYES EN SITUACIÓN DE REPRESIÓN EN FAVOR DE LAS MUJERES QUECHUAS, AIMARAS Y AMAZÓNICAS?

 Escribe: Pilar Vilcapaza M. /marzo del 2025.

Antecedentes: En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, se propuso formalmente la creación de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con el tiempo, este día se ha convertido en un símbolo global de la lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En Perú, el 8 de marzo de 2025, diversos colectivos, organizaciones y asociaciones marcharon en Lima para visibilizar la precarización laboral de las mujeres en el país, de las cuales un 25% trabaja en condiciones de informalidad. Asimismo, exigieron el cese de la violencia de género; en 2024 se reportaron 170 feminicidios, de los cuales el 60% correspondió a mujeres, niñas y adolescentes, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estas cifras reflejan un contexto de violencia sistemática que afecta a las mujeres en el país.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿existe algún otro reclamo relacionado con las mujeres quechuas, aimaras y amazónicas respecto a la violencia de Estado y discriminación que sufrieron en las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023? Por ejemplo, el jueves 2 de marzo de 2023, en el centro de Lima, mujeres aimaras de Puno, acompañadas de sus hijos, protestaban pacíficamente por las más de 18 muertes ocurridas el 9 de enero en la ciudad de Juliaca durante manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. La policía arrojó bombas lacrimógenas contra estas mujeres e hijos, afectando su salud física y emocional, según informaron diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, como Mano Alzada en 2023.

El panorama en Puno: El 8 de marzo de 2025, el movimiento Manuela Ramos, uno de los más representativos de la región de Puno, manifestó en sus redes sociales: "Alzamos la voz por justicia, buscamos igualdad y derechos para todas las mujeres". Sin embargo, hasta la fecha, no se han visibilizado en el 8M, ni en los medios de comunicación nacionales y regionales, reclamos relacionados con las mujeres quechuas, aimaras y amazónicas que sufrieron violencia de Estado y discriminación en las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Entonces, ¿qué es la violencia de Estado y discriminación contra mujeres rurales e indígenas? En el Perú, se entiende como acciones referidas a políticas implementadas por instituciones gubernamentales que resultan en la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, basadas en su género y origen étnico. Un ejemplo de ello son las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990. En 2024, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dictaminó que estas esterilizaciones constituyeron una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional.

Ante estos hechos, ¿qué debemos exigir ante la insuficiencia de las leyes actuales en favor de las mujeres indígenas? En 2021, se promulgó la Ley N° 31168, que busca promover el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas; sin embargo, esta se centra principalmente en aspectos económicos y productivos, sin abordar de manera específica la protección contra la violencia y represión estatal. Por lo tanto, es urgente luchar por la promulgación de leyes específicas que protejan a las mujeres quechuas, aimaras y amazónicas de la represión, discriminación y violencia de género por parte del Estado.

Se debe luchar por:

1.     Reconocer y reparar las violaciones históricas y actuales de los derechos humanos de estas mujeres por parte del Estado peruano en 2023.

2.     Establecer mecanismos legales de prevención y sanción efectiva, incluyendo penas de cárcel para quienes las infrinjan, así como la erradicación de la violencia estatal basada en género y etnicidad.

3.     Garantizar la participación activa de las mujeres indígenas en la formulación y supervisión de políticas públicas que las afectan, y que puedan ser mejoradas cada periodo estatal.

Finalmente, es recomendable asegurar el derecho a la vida y a la integridad personal, para que no se sigan registrando casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y del orden, resultando en lesiones y muertes de manifestantes mujeres indígenas. El derecho a la no discriminación hacia mujeres indígenas que sufrieron estigmatización durante las protestas refleja desigualdades históricas y estructurales en el Perú. Por último, el derecho a la protesta pacífica por mujeres indígenas debe ser legítimo y reconocido; sin embargo, el 17 de mayo de 2023, la Corte Suprema de Perú dictaminó que el derecho a la protesta no estaba protegido por la Constitución, sin asumir una posición respecto a las mujeres indígenas. En conclusión, estos hechos resaltan la necesidad urgente de medidas legales que garanticen la protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres quechuas y aimaras, durante situaciones de protesta y conflicto social por parte del Estado peruano.