Protestas en Perú (2022-2025): Generación Z, Análisis
Jurídico y Perspectivas Sociopolíticas
Pilar
Vilcapaza Masco
Universidad Tecnológica del Perú
Ensayo Académico (Jurídico sociopolítico).
Fecha: 27 de septiembre de 2025
Antecedentes Recientes de
Protesta Social en el Perú
El
Perú tiene una historia reciente marcada por masivas movilizaciones ciudadanas
contra sus gobiernos, a menudo enfrentadas con respuestas estatales violentas.
Un caso emblemático fue la protesta indígena en Bagua (2009) durante el
gobierno de Alan García, cuyo desalojo policial derivó en la “Masacre de
Bagua” con 33 fallecidos (23 policías y 10 civiles) y alrededor de 200
heridos[1][2]. Más cerca en el tiempo, la llamada “Generación del Bicentenario”
protagonizó en noviembre de 2020 multitudinarias marchas que forzaron la
renuncia del presidente interino Manuel Merino, luego de que la represión
policial causara la muerte de dos jóvenes manifestantes (Inti Sotelo y Bryan
Pintado) y dejara decenas de heridos[3]. Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina de
Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) expresaron entonces su preocupación ante el uso “excesivo” de la
fuerza policial en dichas protestas[4], evidenciando ya una problemática de derechos humanos en el control de
manifestaciones.
Estos antecedentes demostraron el poder de las movilizaciones sociales
–especialmente lideradas por jóvenes– para generar cambios políticos, a la vez
que pusieron de relieve deficiencias estructurales en la respuesta del Estado
peruano frente al derecho a la protesta. Sobre esta base histórica se entenderá
mejor el contexto de las protestas más recientes (2022-2025) bajo el gobierno
de Dina Boluarte, marcadas por una intensa participación de la Generación Z
y nuevas dinámicas jurídicas y sociopolíticas.
Protestas bajo el Gobierno de
Dina Boluarte (2022-2023)
La
crisis política de diciembre de 2022 desencadenó una nueva ola de protestas a
nivel nacional. El 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo intentó
disolver ilegalmente el Congreso, lo que llevó a su destitución y arresto, y a
que la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumiera la presidencia.
Inmediatamente emergió un fuerte descontento en amplios sectores de la
población –especialmente en regiones andinas del sur– que consideraron
ilegítima la sucesión y exigieron elecciones generales adelantadas, la
renuncia de Boluarte e incluso una asamblea constituyente. Las manifestaciones
se extendieron entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, con
bloqueos de vías, marchas en ciudades como Lima, y levantamientos
particularmente intensos en departamentos como Puno, Ayacucho, Cusco y
Apurímac.
La respuesta del gobierno de Boluarte fue sumamente dura. Se declararon
estados de emergencia sucesivos a nivel nacional, suspendiendo temporalmente
derechos constitucionales fundamentales (libertad de reunión, inviolabilidad
del domicilio, libre tránsito, etc.)[5], y se desplegaron las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el
control del orden interno. El resultado fue la represión más sangrienta en el
Perú en al menos dos décadas: 49 manifestantes y transeúntes murieron
durante la respuesta policial-militar a las protestas entre diciembre de 2022 y
febrero de 2023, según la Defensoría del Pueblo[6]. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos rurales e indígenas
del sur del país que se movilizaron exigiendo nuevos comicios tras el fallido
autogolpe de Castillo, motivados también por la frustración ante la histórica
desigualdad y marginación de sus regiones[7]. Además, más de 1.200 personas resultaron heridas a nivel
nacional, incluyendo cientos de agentes policiales[8]. Cabe señalar que también hubo actos de violencia contra las fuerzas
del orden; por ejemplo, un policía murió en Juliaca el 9 de enero, aunque en
circunstancias poco claras y lejos del epicentro de las protestas (un exagente
y otro individuo han sido acusados por este homicidio)[9].
Los episodios más trágicos ocurrieron en Ayacucho y Puno.
El 15 de diciembre de 2022, en Huamanga (Ayacucho), tras la declaración del
estado de emergencia, tropas del Ejército abrieron fuego contra manifestantes
cerca del aeropuerto, dejando 10 fallecidos (todos civiles) y decenas de
heridos por proyectiles de arma de fuego[10]. Peritajes forenses confirmaron que las víctimas presentaban impactos
de munición letal en zonas vitales, compatibles con armamento de uso oficial
del Ejército. Semanas después, el 9 de enero de 2023 en Juliaca (Puno),
se vivió la jornada más violenta: enfrentamientos alrededor del aeropuerto
culminaron con 18 personas muertas (incluyendo un menor de edad) en
pocas horas[11]. Investigaciones independientes, como la de Human Rights Watch,
documentaron que la policía nacional disparó munición de fusil (calibre
7.62 mm, usada en AKM) y perdigones de escopeta contra la multitud, en una
actuación calificada como fuerza desproporcionada e indiscriminada[12][13]. Las autopsias y análisis balísticos corroboraron que al menos 15 de
los 18 fallecidos de Juliaca murieron por balas de fusil, y los demás por
perdigones policiales[13], refutando las versiones oficiales que negaban que las fuerzas de
seguridad hubiesen disparado a matar.
Frente a estos hechos, múltiples voces nacionales e internacionales
denunciaron graves violaciones de derechos humanos. La Comisión
Interamericana de DD.HH. (CIDH), tras una visita al Perú, concluyó en un
informe de mayo de 2023 que el Estado peruano hizo un uso excesivo de la
fuerza en la represión de las protestas antigubernamentales de 2022-2023,
las cuales dejaron más de 70 muertos entre fines de 2022 e inicios de
2023[14]. Particular atención dio la CIDH a la matanza de Ayacucho, señalando
que la actuación del Ejército en dicha localidad (donde murieron 8
manifestantes el 15-Dic-2022) podría considerarse una “masacre”,
habiéndose identificado posibles ejecuciones extrajudiciales de
manifestantes[15]. El organismo instó al Estado peruano a investigar y sancionar estos
hechos y a reparar integralmente a las víctimas[16]. Por su parte, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “¿Quién
disparó la orden?” que evidenció patrones de violencia estatal y apuntó a
una posible responsabilidad de la cadena de mando en las muertes;
mientras que Human Rights Watch urgió a la presidenta Boluarte a reconocer
las graves violaciones de derechos humanos ocurridas, en lugar de negarlas,
y a garantizar justicia y no repetición[17].
La Generación Z y la
Movilización Juvenil
Un
elemento destacado de las protestas de 2022-2023 y su reactivación en 2025 es
el rol protagónico de la juventud peruana, en especial la llamada Generación
Z (nacidos aproximadamente entre 1995 y 2010). Según estadísticas
oficiales, cerca del 27% de la población peruana tiene entre 18 y 29 años[18], y es precisamente este grupo el que ha salido a las calles en grandes
números expresando su descontento con el status quo político. Muchos de estos
jóvenes habían cobrado conciencia cívica en las protestas de 2020 contra Merino
y se identifican como la generación que “rescató la democracia” en aquel
entonces. Ahora, bajo el gobierno de Boluarte, retoman esa tradición de
activismo.
Las motivaciones que impulsan a la juventud a movilizarse son tanto
coyunturales como estructurales. Entre las principales reivindicaciones y
quejas de los manifestantes se pueden mencionar:
- Corrupción e impunidad sistémica: hay un
hartazgo generalizado hacia la clase política tradicional, frecuentemente
implicada en escándalos de corrupción, y una indignación particular por la
falta de rendición de cuentas tras la muerte de decenas de manifestantes a
manos de las fuerzas del orden[19]. La sensación de injusticia se agudiza al ver que no hay altos
funcionarios sancionados por esos hechos (ver sección jurídica más
adelante).
- Desigualdad y marginación regional: gran
parte de los jóvenes provienen o simpatizan con las regiones andinas y
amazónicas históricamente postergadas. La brecha de desarrollo y la
ausencia del Estado en provincias alimentan un resentimiento hacia el
centralismo limeño. La respuesta violenta del gobierno contra pobladores
que protestaban por mejores condiciones confirmó para muchos jóvenes la
falta de respeto a la vida de los indígenas y campesinos[7], profundizando la solidaridad generacional con estas causas.
- Exigencia de cambio político y elecciones adelantadas: tras la turbulenta sucesión presidencial de 2022, los
manifestantes –incluyendo la juventud urbana– demandaron que se recorte el
mandato de Boluarte y del impopular Congreso para renovar la legitimidad
democrática vía elecciones generales anticipadas[20]. El clamor por una reforma política estructural (incluso mediante
una nueva Constitución) también ha estado presente en las consignas,
reflejando el deseo de los jóvenes de “reiniciar” un sistema que
perciben como corrupto y agotado.
La
creatividad y convicción de la Generación Z se han plasmado en símbolos y
narrativas particulares durante las protestas. Por ejemplo, muchos jóvenes
adoptaron la imagen de una calavera con sombrero de paja, emblema tomado
del manga One Piece, para representarse a sí mismos como piratas
rebeldes que viajan “liberando al pueblo de gobernantes corruptos y tiránicos”
–una analogía que un manifestante describió como reflejo de lo que ocurre en
Perú actualmente[21]. En las marchas abundan carteles y consignas moralmente cargadas: “¿Desde
cuándo hemos normalizado la muerte? ¿Desde cuándo la corrupción?”, increpó
un estudiante en Lima, denunciando que su generación está “harta de ser
silenciada” y recordando que “el gobierno debería temer al pueblo, y no
al revés”[18]. Este sentimiento resume el empoderamiento cívico que siente la
juventud: ya no quieren ser espectadores pasivos, sino agentes de cambio social
y político.
Además, las redes sociales han jugado un rol clave en articular a estos
manifestantes jóvenes, difundiendo información en tiempo real, denunciando
abusos y contrarrestando la narrativa oficial. La identidad generacional
forjada en 2020 se ha reforzado con estas nuevas experiencias. Aunque las
protestas han enfrentado desgaste y períodos de calma, los jóvenes han
demostrado una capacidad notable de reorganizarse y volver a las calles en
oleadas sucesivas (por ejemplo, las movilizaciones de enero 2023, luego en
julio de 2023 con la “Tercera Toma de Lima”, y más recientemente en septiembre
de 2025 con marchas denominadas de la “Generación Z”).
En suma, la participación de la Generación Z ha aportado energía,
número y legitimidad social al movimiento de protesta. Sus valores –defensa de
la vida, demanda de honestidad, anhelo de un futuro con oportunidades– imprimen
un cariz esperanzador a un panorama político por demás convulso. No obstante,
el verdadero desafío reside en traducir esta movilización juvenil en cambios
institucionales concretos, lo cual se vincula con el siguiente apartado de
análisis jurídico y político.
Respuesta del Estado, Marco
Jurídico y Derechos Constitucionales
La
estrategia del gobierno de Dina Boluarte frente a las protestas combinó
acciones de fuerza inmediatas con maniobras legales y políticas para contener
sus efectos a largo plazo. En el plano de seguridad, como ya se
describió, se optó por militarizar el control del orden público mediante
decretos de estado de emergencia que suspendieron derechos fundamentales en
todo el territorio[22]. Esto, si bien tiene asidero en la Constitución peruana (que permite
estados de excepción en casos de grave disturbio de la paz), fue cuestionado
por su extensión geográfica y temporal, y porque sirvió de base “legal” para
justificar operativos represivos con uso de armas de guerra contra civiles.
Diversos juristas y defensores de derechos humanos han señalado que si bien el
Estado puede limitar ciertos derechos en emergencias, no queda eximido del
respeto al principio de proporcionalidad y a la protección del derecho a la
vida. La masiva letalidad de la respuesta sugiere un quiebre de dichos
principios, lo cual deberá ser materia de dilucidación jurídica.
En paralelo, el gobierno y sectores afines desplegaron una narrativa de
criminalización de la protesta. Altos funcionarios insinuaron que las
movilizaciones no eran espontáneas sino azuzadas por extremistas violentistas,
terroristas remanentes o incluso intereses extranjeros. Este discurso de
estigmatización fue utilizado para restar legitimidad a las demandas sociales y
para justificar la “mano dura”. Por ejemplo, en la demanda de hábeas
corpus presentada a favor de las víctimas, las recurrentes acusaron a las
autoridades de implementar “una política estatal que tiene como esencia criminalizar
la protesta social y estigmatizarla como actos de terrorismo y subversión,
con lo cual se justifica la intervención brutal” de policías y militares contra
la población civil[23]. Si bien esta afirmación proviene de un escrito de parte, refleja
percepciones generalizadas sobre la actitud gubernamental. La propia presidenta
Boluarte, en mensajes a la nación, habló de “grupos radicales” y “azuzadores
violentos” detrás de las protestas, negando cualquier responsabilidad estatal
en las muertes y atribuyendo los hechos a conspiraciones contra la democracia.
Desde el punto de vista jurídico-constitucional, se produjeron
desarrollos de suma importancia relativos a la responsabilidad por las
muertes y la tutela de derechos. El Ministerio Público abrió en
enero de 2023 sendas investigaciones preliminares contra Boluarte y varios
altos mandos (Ministro de Defensa, Interior, jefes policiales) por delitos como
genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en relación a las muertes de
manifestantes. Sin embargo, dichas investigaciones chocaron con el estatus
especial del presidente en el ordenamiento peruano: la Constitución establece
que un mandatario en funciones no puede ser acusado penalmente durante
su mandato salvo por contadas causales (traición a la patria, impedir
elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso, etc.). Aprovechando esa
figura de la inmunidad temporal, en agosto de 2025 el Tribunal
Constitucional (TC) emitió un polémico fallo que suspendió todas las
investigaciones fiscales contra Dina Boluarte vinculadas a las muertes en
las protestas, hasta después de concluir su mandato en 2026[24]. Según explicó la presidenta del TC, Luz Pacheco, esta decisión buscó “preservar
la investidura presidencial” y evitar distraer a la mandataria de sus
funciones[25]. El TC incluso prohibió al Ministerio Público realizar diligencias
invasivas (allanamientos, levantamiento del secreto bancario o de
comunicaciones) contra Boluarte mientras sea jefa de Estado[26][27], aunque ordenó que las pruebas ya recabadas no sean destruidas y
queden conservadas para eventualmente reactivar el caso en 2026. La propia
presidenta Boluarte celebró públicamente este fallo del TC, llegando a decir
que constituye un “legado en defensa de la democracia, la Constitución y la
figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”[28]. No obstante, críticos señalan que en la práctica se traduce en impunidad
de facto, al menos durante todo el gobierno de Boluarte, para las graves
violaciones ocurridas al inicio de su gestión.
En la esfera parlamentaria sucedió algo similar. Si bien se presentó
una acusación constitucional contra Boluarte en el Congreso por las
muertes (una figura que podría derivar en su destitución e inhabilitación si
prosperaba), la mayoría legislativa decidió archivar o no dar trámite
efectivo a dicha acusación, blindando políticamente a la presidenta. Esto no
sorprende, pues el Congreso peruano actual –altamente desacreditado– comparte
con Boluarte una suerte de pacto de supervivencia: ambos poderes se sostienen
mutuamente para no perder sus cargos hasta 2026. La consecuencia es que ninguna
autoridad de primer nivel ha sido sancionada ni removida por los hechos
luctuosos de 2022-2023, agudizando la sensación de injusticia en la ciudadanía.
Por otra parte, desde la sociedad civil y la vía judicial se intentó
buscar amparo a los derechos vulnerados. Un grupo de familiares de víctimas
interpuso en enero de 2023 una demanda de hábeas corpus en defensa de
derechos fundamentales (vida, integridad, protesta pacífica, etc.), solicitando
se declare la ilegalidad de los estados de emergencia y se ordene el cese de la
represión y detenciones arbitrarias[5][29]. Sin embargo, tras peregrinar por el Poder Judicial, este recurso
llegó al Tribunal Constitucional, el cual lo rechazó en sentencia de febrero
de 2025. El TC argumentó que los hechos denunciados (una veintena de
personas muertas en Ayacucho y Juliaca por disparos de arma de fuego) no
guardaban relación con la reposición inmediata de derechos vía hábeas corpus,
sino con cuestiones de reparación de daños y eventuales responsabilidades
político-penales. En otras palabras, declaró que el hábeas corpus no era la vía
idónea para lograr justicia por esos fallecimientos, sugiriendo que
corresponden más bien indemnizaciones civiles y acusaciones
constitucionales o penales contra los responsables[30]. Esta interpretación formalista fue muy criticada por expertos,
quienes la vieron como una negación del acceso a la justicia de las víctimas y
una muestra más de la falta de independencia del TC (percibido como cercano a
la coalición gobernante). De hecho, la resolución del hábeas corpus generó
indignación pública al afirmar que la muerte de ciudadanos en protestas escapa
al alcance de un proceso constitucional de tutela de urgencia.
En síntesis, el análisis jurídico de la situación revela
tensiones entre, por un lado, la normativa e instituciones diseñadas para
proteger derechos, y por otro, su aplicación política en favor del poder de
turno. Si bien la Constitución reconoce el derecho a la reunión y la
protesta pacífica, en la práctica estos derechos fueron restringidos y
vulnerados sin consecuencias para las autoridades. La Tribunal
Constitucional y el Congreso, órganos llamados a ser contrapesos y
garantes del Estado de derecho, más bien actuaron en forma alineada con el
Ejecutivo, ya sea bloqueando investigaciones o negando remedios efectivos. Esta
aparente captura de las instituciones de justicia y control ha encendido
alarmas sobre la salud de la democracia peruana.
Observaciones Internacionales
de Derechos Humanos
La grave crisis de derechos humanos derivada de la represión de las
protestas en Perú atrajo amplia atención de la comunidad internacional.
Diversos organismos y ONG emitieron comunicados y reportes especiales
sobre la situación, que sirven como insumos para un análisis objetivo de los
hechos desde perspectivas comparadas y estándares globales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano
autónomo de la OEA, realizó una visita al Perú a inicios de 2023 y
posteriormente publicó un informe titulado “Situación de Derechos Humanos en
el Perú en el contexto de las protestas sociales”. En dicho informe la CIDH
documentó patrones preocupantes: uso excesivo y desproporcionado de la fuerza
letal por parte de policías y militares, estigmatización de
manifestantes (con términos como “terroristas” o “senderistas” empleados por
autoridades), obstáculos al ejercicio de la prensa y la defensa de derechos
humanos, entre otros[31][32]. El organismo estableció que varias muertes podrían constituir ejecuciones
extrajudiciales, es decir, homicidios deliberados perpetrados por agentes
del Estado al margen de toda legalidad[33]. Asimismo, señaló falencias estructurales en la respuesta
estatal, como la ausencia de protocolos adecuados para el control de multitudes
y la falta de entrenamiento en derechos humanos a las fuerzas del orden.
Las recomendaciones de la CIDH enfatizaron la necesidad de garantizar verdad,
justicia y reparación. Entre ellas destacaron: iniciar investigaciones
prontas, exhaustivas e imparciales sobre cada muerte y herido, sancionando a
los responsables materiales e intelectuales; asegurar reparaciones
integrales a los familiares de fallecidos y a los heridos (en términos de
indemnizaciones, asistencia médica, psicológica, etc.)[34]; y establecer mecanismos de diálogo efectivos con las
comunidades afectadas –especialmente con los grupos indígenas del sur andino–
para atender sus demandas históricas y evitar la continuación del ciclo de
violencia[35]. La CIDH hizo hincapié en que la respuesta a la crisis no puede ser
únicamente de seguridad, sino principalmente política: es preciso
reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones a través de
gestos concretos de accountability (rendición de cuentas) y reformas
inclusivas.
Otra institución que se pronunció fue la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., que en enero de 2023
pidió moderación a las autoridades peruanas y recordó que “el uso de la fuerza
letal sólo debe ser el último recurso ante una amenaza inminente de vida”. Por
su parte, Amnistía Internacional en un informe de mayo 2023 afirmó que
la respuesta peruana mostró un patrón de “uso ilegítimo de la fuerza letal”
y señaló responsabilidad no solo de los comandos operativos sino también de la
cadena de mando político. Amnistía llegó a sugerir que podrían haberse cometido
crímenes de derecho internacional, dada la sistematicidad de la
represión en ciertas regiones.
Destaca asimismo la actuación de organizaciones internacionales no
gubernamentales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
que junto con la peruana APRODEH presentó un documento ante la Corte Penal
Internacional (CPI). En junio de 2024, la FIDH solicitó a la Fiscalía de la
CPI que abra un examen preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad
cometidos en Perú durante las protestas[36]. Este pedido se sustenta en la muerte de 49 personas y 937
heridos documentados en las protestas de 2022-2023[37], y alega que existió una política deliberada de ataque contra la
población civil, sobre todo contra manifestantes jóvenes e indígenas,
mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por militares y
policías[38]. El informe presentado describe con detalle los hechos violentos y
argumenta que, en el contexto de ruptura del orden democrático tras la caída de
Castillo, el gobierno de Boluarte incurrió en prácticas represivas que podrían
encuadrar en crímenes de lesa humanidad. Además, la FIDH advirtió sobre el “creciente
autoritarismo, la corrupción endémica y la captura de las instituciones” en
el Perú actual, factores que habrían contribuido a la impunidad[39]. Si bien la apertura de un caso en la CPI es incierta, este movimiento
evidencia la gravedad con que se percibe internacionalmente la situación
peruana.
La reacción oficial del gobierno peruano hacia estas observaciones
internacionales ha sido defensiva. La Cancillería rechazó varios de los
informes, alegando que contenían imprecisiones. El entonces canciller, en
septiembre de 2023, descalificó el informe de la CIDH tildándolo de “lleno
de medias verdades”[40] y negó que en el Perú existiera una política de violaciones
sistemáticas. Algunos sectores políticos, sobre todo de derecha radical,
llegaron a proponer que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (tribunal autónomo ligado al sistema
CIDH) para evitar futuras condenas[41]. De hecho, parlamentarios del partido Renovación Popular pidieron
formalmente a Boluarte evaluar la denuncia de los tratados interamericanos de
derechos humanos[42]. Estas respuestas reflejan un choque entre el Estado peruano y los
órganos internacionales: mientras unos apuntan a garantizar justicia
transnacional ante la inacción interna, las autoridades peruanas se resisten a
reconocer plenamente las conclusiones externas, considerándolas una intromisión
o un desprestigio. No obstante, Perú sigue siendo parte del Sistema
Interamericano y ha aceptado una visita de seguimiento de la CIDH en 2024 para
dialogar sobre el cumplimiento de las recomendaciones[43][44], lo cual indica cierta apertura al escrutinio internacional.
En suma, desde la óptica de los derechos humanos, las protestas
bajo el gobierno de Dina Boluarte han puesto en evidencia falencias graves en
la protección del derecho a la vida, la integridad personal, la protesta
pacífica y el acceso a la justicia en el Perú. La comunidad internacional, a
través de sus distintos mecanismos, ha corroborado esos hechos y ha hecho
llamados urgentes a revertir esta situación, advirtiendo que la impunidad
solo abonará a mayores fracturas sociales y al debilitamiento del Estado de
derecho.
Perspectivas Sociopolíticas y
Análisis Final
La
convulsión vivida en Perú entre 2022 y 2025 trasciende lo anecdótico y refleja
una crisis profunda del sistema político. Varios analistas coinciden en
que el país atraviesa un proceso de erosión democrática. La politóloga
Jo-Marie Burt, por ejemplo, enmarca los acontecimientos en un contexto global
de retroceso democrático y ve paralelismos con la década de 1990 bajo el
régimen autoritario de Alberto Fujimori: en ambos casos se observa el intento
del gobierno de turno de capturar las instituciones de justicia y control
para consolidar su poder[45]. El Tribunal Constitucional debilitado, el Ministerio Público acosado,
la prensa bajo presión y un Congreso subordinado son síntomas de este retroceso
institucional. A ello se suma la indiferencia o menor presión internacional en
defensa de la democracia (dado el foco global en otras crisis), lo que facilita
que líderes con tendencias autoritarias socaven mecanismos de balance
democrático[46].
Sin embargo, el Perú ha demostrado en su historia reciente tener reservas
democráticas importantes en la propia sociedad civil. Burt destaca que los
movimientos de protesta en Perú han logrado en el pasado “poner límites”
a la deriva autoritaria e incluso derrocar presidentes cuando la
situación se vuelve insostenible[47]. El caso de Merino en 2020 es un claro ejemplo: la ciudadanía
movilizada impidió la consolidación de un gobierno carente de legitimidad. En
el presente, aunque Dina Boluarte ha resistido en el cargo con apoyo congresal
y militar, su legitimidad es prácticamente nula –con una aprobación que rondó
solo 2.5% en 2025, mientras el Congreso ostenta un 3%[48], cifras bajísimas que reflejan un divorcio entre la clase
gobernante y la sociedad. Esta brecha de representatividad anticipa que
cualquier chispa puede reavivar la protesta, más aún acercándose el proceso
electoral del 2026.
En el aspecto socio-económico, el prolongado descontento y la
inestabilidad política han cobrado factura. La economía peruana, si bien
resiliente en algunos indicadores macro, resiente la conflictividad: sectores
como la minería han enfrentado bloqueos y paralizaciones (por ejemplo, Hudbay
Minerals tuvo que detener temporalmente operaciones por protestas en septiembre
2025)[49]. La incertidumbre ahuyenta la inversión y agudiza problemas como el
empleo precario, la inflación y la inseguridad ciudadana, lo que a su vez
realimenta el malestar popular en un círculo vicioso. En este ambiente, la Generación
Z y la ciudadanía en general expresan estar “cansados de que todo siga
igual”, demandando no solo cambios de personas en el poder sino reformas
estructurales que atiendan sus necesidades: lucha real contra la
corrupción, mejora de servicios básicos (salud, educación), inclusión de las
provincias en el desarrollo, y respeto pleno a los derechos fundamentales.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y el Estado de derecho,
el principal reto hacia adelante es combatir la impunidad. La violencia
estatal de 2022-2023 no debe quedar impune si el Perú desea reconciliarse
consigo mismo. Esto implica que, más temprano que tarde (idealmente con un
cambio de gobierno), se reactive la investigación judicial de alto nivel sobre
las muertes y se identifiquen responsabilidades. La presión de organismos
internacionales y de la sociedad civil seguirá enfocada en este punto.
Paralelamente, es crucial implementar medidas de no repetición: reformar
y capacitar a la Policía Nacional en protocolos de control de disturbios
alineados con estándares internacionales, depurar elementos que hayan cometido
abusos, y establecer canales de diálogo permanente con movimientos sociales
para encauzar sus demandas sin recurrir a la fuerza.
El escenario político peruano permanece altamente volátil. Dina
Boluarte, pese al rechazo masivo, ha logrado mantenerse gracias a un Parlamento
igualmente desacreditado; pero esta estabilidad precaria podría romperse ante
cualquier nueva crisis. Queda la esperanza de que las elecciones generales
de 2026 ofrezcan una salida institucional a la crisis, renovando la
dirigencia con mandatos más legítimos. No obstante, expertos alertan que “la
ópera no ha terminado”[50]: si las élites gobernantes persisten en ignorar el clamor popular, la
protesta social –con la Generación Z a la cabeza– podría cobrar nuevas fuerzas
y derivar en cambios más drásticos, incluso antes de las elecciones. El Perú
transita una delgada línea entre la reformulación democrática y el riesgo de un
quiebre mayor.
En conclusión, las protestas de 2022-2025 en Perú, gestadas en un caldo
de cultivo de decepción política, inequidad social y agravio por abusos de
poder, han puesto de manifiesto las tensiones entre un Estado que recurre a
herramientas legales para autoprotección y una ciudadanía –particularmente sus
jóvenes– que exige cambios profundos con un sentido de urgencia. El análisis
jurídico evidencia vacíos en la protección efectiva de derechos y una
preocupante subordinación de la justicia a intereses políticos coyunturales.
Las perspectivas sociopolíticas, por su parte, muestran tanto los peligros de
la deriva autoritaria como el potencial democratizador de la movilización
cívica. Resta por ver si el Perú será capaz de aprender de este doloroso ciclo,
atendiendo las legítimas demandas de su pueblo –verdad, justicia, igualdad y
oportunidades– para encauzar el conflicto hacia reformas que fortalezcan la
democracia y eviten repetir los errores del pasado reciente.
Fuentes consultadas: Tribunal Constitucional
del Perú (sentencias recientes), informes de la CIDH y la ONU, comunicados de Human
Rights Watch, Amnistía Internacional y FIDH, notas de prensa
nacionales e internacionales (Reuters, EFE, Infobae), y análisis de expertos en
política peruana[24][14][6][19][45], entre otros citados a lo largo del texto. Las cifras de víctimas y
hechos mencionados provienen de la Defensoría del Pueblo y reportes
verificados. Se ha buscado brindar un enfoque integral –jurídico, sociopolítico
y de derechos humanos– para comprender la compleja realidad peruana en este
periodo de movilización y crisis. [4]
[1] [2] Masacre de Bagua - Wikipedia, la
enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Bagua
[3] [4] Dos muertos en protesta de Perú
contra presidente Merino; Gobierno defiende cambio en el poder | Reuters
[5] [10] [11] [22] [23] [29] [30] Fallecidos en protestas contra
Dina Boluarte: TC rechaza hábeas corpus porque considera que la vía pertinente
es la reparación civil y la acusación constitucional [Exp. 01256-2023-PHC/TC] |
LP
[6] [7] [8] [9] [12] [13] [17] [20] [33] Perú: Las pruebas refutan la
versión oficial sobre las muertes en Juliaca | Human Rights Watch
[14] [15] [16] [34] [35] [43] [44] Relator de CIDH inicia inesperada
visita a Perú para abordar informe sobre las protestas - SWI swissinfo.ch
[18] [19] [21] [45] [46] [47] [48] [49] [50] Peru's Gen Z rallies against
President Boluarte, protesting over pensions and corruption | Reuters
[24] [25] [26] [27] [28] Presidenta del TC defiende fallo
que paraliza las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el 2026 - Infobae
[31] [32] Informe-SituacionDDHH-Peru
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/informe-situacionddhh-peru.pdf
[36] [37] [38] [39] Perú: Dina Boluarte ordenó el
asesinato de manifestantes y debe ser juzgada por crímenes contra la humanidad
[40] Perú: canciller rechaza, ahora
desde su cargo, informe de CIDH ...
https://es-us.noticias.yahoo.com/per%C3%BA-canciller-rechaza-cargo-informe-222801349.html
[41] [42] [PDF] Crisis política y protesta
social: Balance defensorial tras tres meses ...
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