Lectura sociológica y crítica de la Generación Z del Perú (1997–2012): desigualdades, cultura digital y crisis de futuro

(Ensayo con enfoque explicativo–descriptivo, basado en datos oficiales y lectura teórica interdisciplinaria)

Pilar Vilcapaza Masco
Universidad Tecnológica del Perú
Ensayo Académico (Jurídico sociopolítico).

Fecha: 16 de octubre de 2025

 

Resumen

Este ensayo ofrece una lectura sociológica y crítica de la Generación Z del Perú (1997–2012), articulando datos empíricos (INEI, SENAJU, OIT, CEPAL, UNESCO, 2023–2025) con enfoques teóricos de autores como Mannheim, Giddens, Beck y Bourdieu. Se busca superar el enfoque meramente descriptivo para interpretar el significado estructural y cultural de las cifras sobre educación, empleo, desigualdad, digitalización y participación política.

La investigación revela que esta generación —que representa cerca del 24% de la población peruana— vive entre dos tensiones históricas: el acceso sin precedentes a la información y la tecnología, y la persistencia de desigualdades estructurales que limitan su movilidad social y su confianza en el futuro. Aunque más educada y conectada, la Generación Z enfrenta precariedad laboral, sobrecarga emocional y desafección política, síntomas de una modernidad fragmentada donde el mérito no garantiza justicia social.

El análisis concluye que la juventud peruana no constituye solo una categoría demográfica, sino un sujeto político y cultural emergente, que cuestiona las promesas incumplidas del desarrollo neoliberal y demanda una nueva ciudadanía digital, inclusiva y democrática.

Palabras clave: juventud, desigualdad, cultura digital, informalidad, ciudadanía, sociología crítica, Perú, Generación Z.

1. Delimitación conceptual y método

El estudio asume la definición de Generación Z propuesta por Mannheim (1952): una cohorte que comparte condiciones históricas, tecnológicas y culturales que modelan una conciencia generacional. En el caso peruano, comprende a los nacidos entre 1997 y 2012, hoy con edades entre 13 y 28 años. Para efectos estadísticos se adopta el rango 15–29 años, utilizado por el INEI y SENAJU, como grupo etario representativo del proceso de transición escuela–trabajo.

La metodología es mixta: combina el análisis cuantitativo (encuestas nacionales de hogares, empleo y TIC) con un enfoque cualitativo (interpretación de actitudes, valores y narrativas juveniles en fuentes como Latinobarómetro, Ipsos y IDEA Internacional). Este enfoque permite no solo describir tendencias, sino explicar las causas estructurales y los significados culturales detrás de ellas.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, el análisis se articula con conceptos de:

• Sociología de las generaciones (Mannheim): cambio social a partir de experiencias compartidas.
• Modernidad reflexiva (Giddens, Beck): individualización, riesgo y redefinición del trabajo.
• Capital cultural y social (Bourdieu): desigualdad en acceso a educación y redes.
• Modernidad líquida (Bauman): fragilidad de los vínculos y ansiedad ante el futuro.

El propósito no es solo registrar indicadores, sino leerlos como síntomas de una estructura social en crisis, donde la juventud peruana habita entre la promesa de la modernidad digital y la persistencia del subdesarrollo estructural.

2. Demografía, sexo y geografía

En el Perú de 2025, la población joven de 15 a 29 años asciende a aproximadamente 7.8 millones de personas, lo que representa cerca del 24% del total nacional (INEI, 2024). Este grupo constituye el núcleo activo del llamado “bono demográfico”, una oportunidad histórica que podría impulsar el crecimiento económico y la renovación institucional. Sin embargo, la evidencia demuestra que este bono se está diluyendo en la informalidad, la precariedad laboral y la desigualdad territorial, lo que transforma un potencial productivo en un riesgo social.

El 51% de esta población son mujeres y el 49% varones, una aparente paridad que, en términos estructurales, oculta profundas brechas de género. Aunque las mujeres jóvenes alcanzan mayores niveles educativos promedio, enfrentan menores ingresos, mayor carga de trabajo no remunerado y menores tasas de participación en el empleo formal (SENAJU, 2024). Desde la perspectiva de Bourdieu, esta diferencia no es natural sino reproducida por el habitus social, que asigna roles desiguales en la división sexual del trabajo y en el acceso al capital simbólico de la educación.

En el plano territorial, la juventud peruana se distribuye 82% en áreas urbanas y 18% en rurales. Lima Metropolitana concentra alrededor del 28% de los jóvenes, seguida por Arequipa (3.6%), La Libertad (3.3%) y el Callao (3.1%). Esta concentración refuerza la macrocefalia limeña, es decir, el centralismo económico, político y educativo que caracteriza al Estado peruano desde la República. Según CEPAL (2023), este tipo de estructura espacial genera una “juventud dual”: una conectada al mercado global y otra relegada a economías de subsistencia, en su mayoría rurales e indígenas.

El contraste urbano-rural también expresa la geografía de la desigualdad educativa. Mientras los jóvenes urbanos acceden con relativa facilidad a universidades, institutos o empleos de servicios, los jóvenes rurales enfrentan barreras estructurales: baja cobertura de educación superior, escaso acceso digital y altos costos de movilidad. Beck (2002) denomina a este fenómeno la “individualización del riesgo”: el Estado transfiere al individuo la responsabilidad de sobrevivir en un entorno de desprotección estructural.

Desde una lectura crítica, los datos demográficos muestran que la Generación Z peruana no parte del mismo punto de partida. El espacio, el género y la clase determinan los márgenes de posibilidad. En lugar de un “capital juvenil homogéneo”, encontramos diversas juventudes superpuestas, donde la posición territorial y social condiciona el acceso a los derechos y a los sueños. La modernidad peruana, por tanto, es geográficamente desigual y moralmente fragmentada.

3. Diversidad étnica y religiosa

La Generación Z del Perú encarna una heterogeneidad étnica y cultural profunda que refleja la historia larga del país: una nación que aún no ha resuelto el modo de integrar su pluralidad en condiciones de igualdad. Según la Encuesta Nacional de la Juventud (SENAJU, 2022), el 56% de jóvenes se autoidentifica como mestizo, el 23% como indígena y el 7% como afrodescendiente; además, el 9% tiene una lengua materna indígena. Detrás de estos porcentajes se oculta un fenómeno sociológico central: la estratificación étnico-racial, una herencia colonial que sigue definiendo jerarquías simbólicas, oportunidades educativas y trayectorias laborales.

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la identidad étnica funciona como una forma de capital simbólico que puede convertirse en exclusión o prestigio según el campo social en el que opere. En el Perú, el mestizaje ha sido discursivamente valorado como signo de integración, pero en la práctica se traduce en una asimilación desigual, donde lo “moderno” se asocia a lo urbano y lo “atrasado” a lo indígena. Por ello, la experiencia de los jóvenes quechuas o aimaras no solo está mediada por el territorio, sino también por el reconocimiento cultural: acceder a la educación o al empleo implica, muchas veces, negar su lengua o su estética para ser socialmente aceptados.

Este fenómeno es especialmente visible en el sistema educativo. Mientras la política pública celebra la interculturalidad, los datos muestran que los jóvenes indígenas rurales presentan tasas más bajas de culminación secundaria (69%) y menor acceso a educación superior (22%) en comparación con los jóvenes urbanos no indígenas (SENAJU, 2023). La desigualdad no radica solo en el ingreso, sino en la capacidad del sistema educativo de reconocer y valorar los saberes originarios. La escuela, en vez de ser un espacio de movilidad, a menudo actúa como un mecanismo de homogeneización cultural.

En el ámbito religioso, el Perú sigue siendo un país mayoritariamente católico (76%), pero las cohortes más jóvenes muestran una tendencia a la secularización y diversificación de creencias. Los “sin religión” pasaron de 3% en 1996 a 6.8% en 2023, y el crecimiento de iglesias evangélicas pentecostales refleja una fragmentación de la fe tradicional. Esta mutación religiosa coincide con lo que Zygmunt Bauman denomina modernidad líquida: una era donde las certezas sólidas —incluidas las espirituales— se diluyen, y los individuos buscan nuevos sentidos en identidades más flexibles.

En términos sociológicos, la diversidad étnica y religiosa de la Generación Z no constituye una simple suma de diferencias culturales: representa una tensión entre reconocimiento y exclusión. La juventud indígena, afrodescendiente y mestiza vive en un país donde la multiculturalidad es celebrada en el discurso, pero poco redistributiva en la práctica. En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2018), el Perú atraviesa una “democracia sin reconocimiento, donde la igualdad política convive con la desigualdad cultural”.

Por tanto, la Generación Z peruana habita un escenario de identidades múltiples, pero también de jerarquías persistentes. Su desafío no es solo acceder al mercado laboral o educativo, sino redefinir el sentido mismo de ciudadanía en un país donde la diferencia aún se traduce en desigualdad.

 

4. Educación: acceso, culminación y transición

En el Perú, la educación ha sido históricamente concebida como el principal mecanismo de movilidad social, pero en la práctica se ha convertido en un reproductor de desigualdades. Los datos del SENAJU (2024) muestran que alrededor del 80% de los jóvenes de 17–18 años culmina la educación secundaria, pero menos del 40% accede a la educación superior, con fuertes brechas territoriales y de género. Esta ruptura en la “línea de ascenso” marca una de las transiciones más frágiles de la vida juvenil: el paso de la escuela al trabajo.

Siguiendo a Pierre Bourdieu (1979), el sistema educativo peruano tiende a legitimar las desigualdades de origen al convertir las diferencias culturales en diferencias de mérito. Así, mientras los jóvenes de clases medias urbanas acceden a universidades privadas o programas técnicos de calidad, los jóvenes rurales o pobres deben optar por instituciones públicas sobrecargadas o de baja acreditación. El resultado es una segmentación educativa por clase y territorio, donde el título ya no garantiza movilidad, sino que distingue entre quienes pueden competir y quienes sobreviven.

La pandemia de la COVID-19 profundizó esta brecha. Según el INEI (2022), la interrupción de clases presenciales y la falta de conectividad afectaron de forma desproporcionada a los jóvenes rurales y a las mujeres. El acceso desigual a internet —96% en zonas urbanas frente a menos del 60% en zonas rurales— generó una brecha digital que se traduce en brecha educativa, al limitar la posibilidad de continuar estudios o capacitarse en línea. De esta manera, la tecnología, que en teoría debía democratizar el aprendizaje, reforzó la exclusión entre los “conectados” y los “desconectados”.

Desde la perspectiva de Ulrich Beck (2002) y su concepto de sociedad del riesgo, la educación peruana enfrenta una paradoja: a medida que más jóvenes obtienen títulos, el valor social de la credencial se devalúa. Esta “inflación educativa” genera frustración y desencanto, pues la promesa del esfuerzo individual no se traduce en estabilidad ni reconocimiento. Muchos jóvenes terminan subempleados o en la informalidad, incluso con formación universitaria.

En el contexto latinoamericano, CEPAL (2024) señala que el Perú se ubica entre los países con menor tasa de culminación universitaria y mayor desigualdad de aprendizaje. Mientras Chile y Uruguay avanzan en sistemas de aseguramiento de calidad, el Perú mantiene un sistema fragmentado, donde la educación técnica carece de prestigio y la universitaria se concentra en Lima.

La educación, por tanto, no puede seguir siendo analizada solo en términos de cobertura o matrícula. En la Generación Z, el aprendizaje se vincula con expectativas frustradas y trayectorias discontinuas, donde el estudio ya no es garantía de ascenso, sino una inversión incierta. En palabras de Anthony Giddens (1991), la modernidad reflexiva obliga al individuo a reinventarse continuamente, pero en contextos como el peruano, esa reinvención ocurre sin redes de seguridad, transformando la esperanza en ansiedad.

Así, la escuela peruana produce jóvenes más educados, pero también más vulnerables al desempleo y a la frustración simbólica. La Generación Z vive el fin del mito meritocrático: estudian más, pero ganan menos; aprenden más, pero participan menos en el poder. En términos sociológicos, la educación ha dejado de ser un camino de ascenso y se ha convertido en un campo de lucha por el reconocimiento.

5. Empleo, sectores, informalidad e ingresos

El tránsito de la escuela al trabajo representa, para la Generación Z peruana, uno de los mayores puntos de fractura social. Los datos muestran que el 18.2% de jóvenes entre 15 y 29 años son NEET (ni estudian ni trabajan), y que la tasa asciende a 24.7% entre las mujeres (SENAJU, 2024). Este fenómeno no es solo estadístico: es estructural. En un país donde más del 70% del empleo juvenil es informal, el trabajo deja de ser un espacio de integración social y se convierte en un mecanismo de sobrevivencia precarizada.

Desde la perspectiva de la OIT (2024), el Perú enfrenta un fenómeno de “juvenilización de la informalidad”: los jóvenes son desproporcionadamente absorbidos por el empleo sin contrato, sin beneficios y con bajos salarios. Esta tendencia se relaciona con un modelo económico basado en sectores extractivos y de servicios de baja productividad, que no generan suficiente empleo formal para la creciente población activa. En zonas rurales, el 68% de los jóvenes trabaja en el sector primario (agricultura, pesca o minería); en áreas urbanas, predominan los servicios y el comercio informal. En ambos casos, los empleos son poco diversificados y escasamente protegidos.

La brecha salarial de género persiste como uno de los indicadores más contundentes de desigualdad estructural. Según el INEI (2024), los jóvenes varones ganan en promedio S/ 1,353, mientras las mujeres perciben S/ 1,062. Esta diferencia no se explica únicamente por productividad o nivel educativo, sino por una división sexual del trabajo que subvalora las tareas feminizadas y penaliza la maternidad temprana o la responsabilidad de cuidado. En términos de Bourdieu (1998), el mercado laboral reproduce las jerarquías de género mediante la lógica del “campo económico”, donde el capital cultural femenino (educación, habilidades blandas, comunicación) no se traduce en capital económico.

El modelo económico peruano, sustentado en la liberalización de los años noventa, consolidó un mercado dual: una minoría formal, vinculada a grandes empresas y al Estado, y una mayoría informal, donde se ubica la juventud trabajadora. Esta dualidad estructural genera lo que Ulrich Beck denomina “precariado reflexivo”: individuos altamente educados, adaptables y digitalizados, pero insertos en empleos inestables y sin derechos laborales.

En el contexto latinoamericano, CEPAL (2023) estima que el 50% de los jóvenes en la región trabaja en la informalidad, pero el Perú supera esa media. Países como Chile o Uruguay han reducido su tasa gracias a políticas activas de empleo y formación dual (empresa–escuela). En cambio, el Perú carece de una política laboral juvenil integral: los programas de empleo temporal o de primer empleo tienen bajo alcance y dependen de ciclos políticos, no de planificación intergeneracional.

La precariedad también se expresa en la estructura del ingreso. Con un promedio de S/ 1,176 mensuales, los jóvenes peruanos ocupan los tramos más bajos de remuneración. Para quienes provienen de zonas rurales o de la educación técnica incompleta, los ingresos caen por debajo de S/ 900. Esto explica por qué muchos optan por el autoempleo informal o el emprendimiento de subsistencia, una forma de “autonomía” que en realidad traslada al individuo la carga del fracaso del Estado.

La experiencia laboral juvenil en el Perú, por tanto, no puede entenderse como una etapa transitoria hacia la estabilidad, sino como una condición estructural de vulnerabilidad. El trabajo, lejos de garantizar ciudadanía, se ha convertido en un espacio donde la exclusión se normaliza. Como plantea Zygmunt Bauman (2000), la modernidad líquida produce sujetos flexibles y desechables; la juventud peruana es el ejemplo más visible de esta paradoja: más calificada y digitalizada que nunca, pero menos protegida y más insegura.

En síntesis, el mercado laboral no ha sabido absorber el talento ni la energía de esta generación. La informalidad no es un accidente: es el resultado de un modelo económico que prioriza la rentabilidad sobre la inclusión. Así, el empleo juvenil se convierte en un espejo de la desigualdad nacional, donde la promesa del mérito se disuelve en la práctica del descart.

6. Inclusión financiera y vida digital

El acceso de la Generación Z a los sistemas financieros y tecnológicos del Perú representa una de las transformaciones más visibles del siglo XXI, pero también una de las más paradójicas. Según el INEI (2024), el 62.6% de jóvenes entre 18 y 29 años posee una cuenta en el sistema financiero, cifra que parece indicar progreso hacia la inclusión. Sin embargo, una lectura más profunda revela que la mayoría de estas cuentas son pasivas, creadas para recibir transferencias, bonos o pagos digitales, no para generar ahorro ni crédito productivo. Esta diferencia convierte la inclusión formal en una inclusión aparente: los jóvenes están dentro del sistema, pero sin participar plenamente de sus beneficios.

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el capital económico solo se convierte en poder real cuando se articula con otros tipos de capital: cultural, social y simbólico. En el caso peruano, la bancarización juvenil no siempre se traduce en autonomía económica, porque los jóvenes carecen del capital social (redes, contactos) y cultural (conocimiento financiero) necesarios para aprovecharlo. La alfabetización financiera, por ejemplo, sigue siendo baja: solo el 35% de los jóvenes declara entender el funcionamiento básico del crédito y la tasa de interés (BCRP, 2024). Esto crea una paradoja: la tecnología financiera amplía el acceso, pero también reproduce las desigualdades de conocimiento.

El auge de las billeteras digitales (Yape, Plin, Tunki, etc.) ha transformado la forma de consumo juvenil, integrando a sectores antes excluidos del sistema bancario. No obstante, esta digitalización también genera nuevas dependencias tecnológicas. Las empresas privadas concentran el control de los datos financieros, y la juventud se convierte en proveedora gratuita de información económica para algoritmos de consumo. Desde una mirada crítica inspirada en Shoshana Zuboff (2019) y su teoría del capitalismo de vigilancia, la inclusión digital juvenil peruana es simultáneamente una forma de empoderamiento y una forma de control.

En el terreno digital, el acceso a internet alcanzó al 80% de la población total en 2024, con un 96% entre jóvenes de 19–24 años y más del 90% en el rango 12–18 (INEI, 2024). No obstante, esta cifra esconde una brecha estructural de calidad y uso. Mientras los jóvenes urbanos usan internet para estudiar, trabajar o emprender, en zonas rurales la conexión se reduce a redes sociales y mensajería básica. El acceso, por tanto, no es sinónimo de igualdad, sino un nuevo rostro de la desigualdad, donde la exclusión ya no se mide por tener o no tener internet, sino por cómo y para qué se usa.

De acuerdo con Manuel Castells (2010), la sociedad red redefine el poder y la identidad: quien controla la información controla la posibilidad de existencia social. En el Perú, esta afirmación se vuelve tangible. La Generación Z habita entre la hiperconexión y la precariedad; domina el lenguaje digital, pero no necesariamente el capital informacional. La alfabetización crítica —la capacidad de distinguir información útil, veraz y transformadora— sigue siendo baja, lo que facilita la expansión de fake news, discursos de odio y desinformación política.

En este contexto, la ciudadanía digital peruana es fragmentada y desigual. Por un lado, los jóvenes urbanos acceden a plataformas globales de educación, activismo o trabajo remoto; por otro, miles de jóvenes rurales siguen atrapados en una infraestructura tecnológica insuficiente. Este desbalance genera una división generacional interna: los conectados y los desconectados del poder simbólico.

La digitalización no ha eliminado la desigualdad; la ha trasladado al espacio virtual. La Generación Z, si bien es la más tecnológicamente alfabetizada de la historia peruana, también es la más vulnerable a la explotación de datos, la sobrecarga informativa y la inseguridad laboral digital (freelance, gig economy). En términos de Ulrich Beck, el riesgo ya no proviene del desempleo industrial, sino de la inestabilidad algorítmica: un mercado que premia la conexión, pero castiga la fragilidad.

En síntesis, la inclusión financiera y digital de la Generación Z peruana representa una modernización sin equidad. Los jóvenes acceden a nuevas herramientas, pero dentro de estructuras de poder que los convierten en consumidores, no en ciudadanos plenos. El desafío del Estado y la sociedad civil es transformar esa conectividad en capital emancipador: educación financiera, seguridad digital y ciudadanía crítica que permita usar la red no solo para sobrevivir, sino para transformar.

 

7. Ideología, actitudes políticas y ciudadanía

La relación de la Generación Z peruana con la política está marcada por una mezcla de desconfianza estructural, desencanto democrático y activismo episódico. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2024), el 68% de jóvenes declara tener “poco o ningún interés” en la política, y el 73% considera que los partidos “no representan los intereses de la juventud”. Sin embargo, estas cifras no deben leerse como apatía, sino como una forma de resistencia a un sistema institucional que perciben ajeno, corrupto e ineficaz.

Desde la teoría de Karl Mannheim (1952), toda generación desarrolla su conciencia política en función de los acontecimientos históricos que marcan su entrada a la vida pública. La Generación Z peruana creció entre la crisis de representación de los años 2000, la corrupción transversal de los presidentes (de Fujimori a Castillo), y la violencia estatal durante las protestas de 2020 y 2022–2023. Estas experiencias han configurado un ethos político caracterizado por el escepticismo hacia el Estado y la búsqueda de acción directa más que de mediación institucional.

En este sentido, su forma de hacer política no se organiza a través de los canales tradicionales (partidos, sindicatos o gremios), sino mediante redes digitales y movimientos espontáneos. Durante las protestas juveniles de noviembre de 2020 y las movilizaciones del sur andino tras el cambio de gobierno en 2022, miles de jóvenes participaron activamente usando plataformas como TikTok, Twitter e Instagram como herramientas de denuncia, coordinación y memoria colectiva. Así, la plaza pública se trasladó a la pantalla, redefiniendo la ciudadanía en clave digital.

Sin embargo, esta nueva ciudadanía digital convive con el riesgo de la polarización emocional y la manipulación informativa. La expansión de noticias falsas, discursos extremistas y campañas coordinadas de odio genera un ecosistema donde la opinión pública se fragmenta y la deliberación democrática se erosiona. Tal como advierte Chantal Mouffe (2005), la democracia contemporánea se enfrenta al desafío de transformar la emoción política —la indignación, el enojo, el miedo— en acción colectiva legítima. En el Perú, este proceso se encuentra en tensión constante entre la protesta legítima y la criminalización estatal.

El Latinobarómetro (2023) muestra que el Perú tiene una de las tasas más bajas de satisfacción con la democracia en América Latina (apenas 24%), y que los jóvenes son el grupo que más duda de que votar sirva para cambiar algo. Esta desafección responde a una experiencia histórica concreta: han visto caer presidentes, disolverse congresos y violarse derechos sin que haya consecuencias políticas reales. En consecuencia, su relación con la autoridad es ambivalente: rechazan el autoritarismo, pero desconfían del sistema democrático.

A diferencia de las generaciones anteriores, la Generación Z peruana no busca ideologías sólidas, sino causas específicas: feminismo, ecología, derechos LGTBIQ+, anticorrupción, educación pública, defensa territorial o derechos indígenas. Esto coincide con el diagnóstico de Zygmunt Bauman (2000) sobre la “modernidad líquida”: la política deja de organizarse en estructuras duraderas y se fragmenta en identidades momentáneas, fluidas y afectivas.

En términos de acción colectiva, los jóvenes combinan hiperconexión y precariedad, lo que refuerza la espontaneidad pero limita la sostenibilidad de sus movimientos. No existe una organización juvenil nacional articulada, sino múltiples expresiones locales, estudiantiles o digitales, que se activan ante la injusticia y se disuelven cuando la crisis termina. Esta lógica efímera refleja lo que Ulrich Beck llamó “individualización política”: cada sujeto se convierte en su propio movimiento, sin estructuras permanentes que sostengan el cambio.

La Generación Z peruana, entonces, no es apolítica; es postinstitucional. Su rechazo a los partidos no implica ausencia de conciencia cívica, sino la emergencia de nuevas formas de ciudadanía basada en la experiencia vivida, la ética del cuidado y la comunicación digital. Frente a un Estado distante y una clase política desacreditada, los jóvenes ensayan una nueva manera de habitar lo público: horizontal, colaborativa y de corto alcance, pero profundamente moral y emocional.

En síntesis, la Generación Z peruana encarna la crisis y reinvención de la ciudadanía contemporánea. No confía en el sistema, pero tampoco se resigna; no tiene líderes, pero genera movimiento; no cree en las instituciones, pero exige justicia. Su desafío es convertir la indignación en proyecto, y su potencia radica en que, pese al desencanto, sigue creyendo que la voz puede transformar la historia.

8. Salud mental, miedos y sueños

La salud mental de la Generación Z peruana constituye uno de los indicadores más alarmantes —y a la vez menos abordados— del panorama social contemporáneo. Según el SENAJU (2023), los jóvenes que reportan haber enfrentado problemas de salud mental pasaron del 22% en 2017 al 32% en 2022, con prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés crónico. Detrás de estas cifras hay una dimensión estructural: los malestares psíquicos de los jóvenes no son únicamente individuales, sino efectos sociales de un sistema que combina alta exigencia, escasa estabilidad y mínima contención emocional.

En el Perú, el acceso a servicios de salud mental sigue siendo profundamente desigual. En Lima y las principales ciudades, existen redes privadas y algunas clínicas comunitarias; sin embargo, en regiones rurales o andinas, la atención es casi inexistente. Según el Ministerio de Salud (2024), menos del 25% de los jóvenes con trastornos emocionales recibe tratamiento. Este déficit no solo se debe a la falta de infraestructura, sino también a la persistencia del estigma cultural, que asocia la búsqueda de ayuda psicológica con debilidad o locura.

Desde la perspectiva de la sociología del riesgo de Ulrich Beck, la juventud contemporánea vive bajo una inseguridad permanente: un contexto donde los riesgos ya no son externos (guerras, epidemias), sino cotidianos e invisibles —precariedad laboral, endeudamiento, aislamiento social, exposición digital. Esta incertidumbre estructural convierte la ansiedad en un estado colectivo, un signo de época más que un problema clínico aislado.

El contexto post-pandemia agudizó esta sensación de desamparo. El confinamiento interrumpió proyectos educativos y afectivos, debilitó los vínculos comunitarios y aumentó la dependencia tecnológica. Muchos jóvenes —especialmente mujeres y estudiantes— experimentaron soledad, insomnio y miedo al futuro. En términos de Byung-Chul Han (2012), la sociedad del rendimiento ha sustituido la represión por el autoexigirse: “El sujeto neoliberal se explota a sí mismo creyendo que se realiza”. La juventud peruana, presionada por el discurso del éxito y la competencia, vive un agotamiento silencioso: estudia, trabaja y produce, pero sin sentir propósito ni pertenencia.

Los miedos que predominan en la Generación Z peruana —según estudios de Ipsos (2024)— son la inseguridad ciudadana, la corrupción, la precariedad laboral y el deterioro ambiental. Estos temores no son irracionales: reflejan un país donde el crimen, la impunidad y la inestabilidad política se han normalizado. Sin embargo, junto a esos miedos coexisten sueños persistentes: movilidad educativa, estabilidad económica, migración temporal, emprendimiento y acceso a una vida digna.

Los sueños, más que aspiraciones materiales, se han convertido en estrategias de supervivencia simbólica. En un entorno donde el Estado no garantiza el futuro, imaginar uno propio se convierte en un acto de resistencia. Muchos jóvenes proyectan su esperanza en la autoformación digital —cursos en línea, idiomas, freelancing—, buscando construir sentido en espacios alternativos al sistema formal. Este fenómeno refleja lo que Anthony Giddens (1991) denomina modernidad reflexiva: la necesidad de construir la identidad individual frente al colapso de los marcos tradicionales de seguridad.

Sin embargo, esta autonomía aparente tiene un costo emocional. Al vivir en una sociedad que exalta la productividad, el fracaso se internaliza como culpa personal. Jóvenes que no logran empleo o estabilidad sienten que “no se esforzaron lo suficiente”, sin reconocer que la estructura económica limita sus oportunidades reales. Así, la frustración individual es el rostro íntimo de una desigualdad estructural.

En perspectiva comparada, la OIT (2024) advierte que América Latina atraviesa una “crisis silenciosa de bienestar juvenil”, donde la inseguridad económica y emocional son las dos caras de un mismo proceso. El Perú encarna este fenómeno: una generación hipermóvil, conectada y resiliente, pero emocionalmente agotada.

En suma, los malestares mentales de la Generación Z peruana no son patologías aisladas, sino síntomas sociales de una época que promete libertad sin soporte, éxito sin justicia y conexión sin comunidad. Frente a ello, los sueños juveniles —educarse, viajar, emprender, ser reconocidos— funcionan como anclajes de esperanza en medio de un presente incierto. La juventud no solo sufre: resiste creando significado, reinventando su lugar en un país que aún no aprende a cuidar a quienes más sueñan.

 

9. Tensiones estructurales que explican las brechas

La situación de la Generación Z peruana no puede comprenderse como una suma de problemas aislados, sino como el resultado de tensiones estructurales persistentes que atraviesan el modelo de desarrollo nacional. Estas tensiones —educativas, económicas, territoriales, políticas y culturales— revelan que el país no ha logrado articular un proyecto de modernidad inclusiva. A continuación se presentan las principales:

1. La transición escuela–trabajo como fractura estructural

En el Perú, el paso de la educación al empleo no es una continuidad, sino una ruptura. Los jóvenes culminan la secundaria en tasas relativamente altas (≈80%), pero la mayoría no logra integrarse a un empleo formal ni continuar estudios superiores.
Este “vacío” entre el sistema educativo y el mercado laboral refleja lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica estructural: la escuela promete movilidad, pero en realidad reproduce las jerarquías de clase. Las oportunidades dependen más del origen socioeconómico que del mérito individual.

La falta de políticas de transición efectiva escuela–trabajo y de certificación de competencias técnicas convierte a los jóvenes en los principales portadores de la precariedad. En palabras de Ulrich Beck, el riesgo social se individualiza: el fracaso educativo o laboral ya no se atribuye a la estructura, sino a la falta de esfuerzo personal.

2. Segmentación territorial y étnica del desarrollo

La segunda tensión es geográfica y cultural. El modelo económico peruano, fuertemente centralizado en Lima, ha generado una brecha estructural entre lo urbano y lo rural, así como entre lo mestizo y lo indígena. Mientras la capital concentra universidades, empresas y conectividad, las regiones altoandinas y amazónicas mantienen déficits crónicos de infraestructura y servicios básicos.

Esta dualidad territorial configura lo que la CEPAL (2023) denomina modernización excluyente: una economía que crece sin integrar. La juventud rural —en su mayoría quechua o aimara— enfrenta un doble obstáculo: la marginación económica y la invisibilidad cultural.
El resultado es un mapa desigual de oportunidades, donde el código postal sigue determinando el destino social.

 

3. Un mercado laboral dual y desregulado

El mercado laboral peruano está estructurado sobre un modelo dual heredado de las reformas neoliberales de los años noventa. Por un lado, una minoría protegida (empleo formal, sindicalización, beneficios); por otro, una mayoría precarizada (informalidad, subempleo, autoempleo de subsistencia). La Generación Z ha ingresado a un sistema que normaliza la flexibilidad y la inestabilidad como condiciones naturales del trabajo.

Según la OIT (2024), el Perú es uno de los países donde la informalidad afecta más del 70% del empleo juvenil, una cifra superior al promedio latinoamericano. Esta situación perpetúa un círculo vicioso: bajos ingresos → baja capacidad de ahorro → exclusión financiera → dependencia de la informalidad. El mercado no integra a los jóvenes: los recicla como fuerza de reemplazo barata. En términos de Bauman, son “trabajadores líquidos”: funcionales, pero desechables.

4. Crisis política e institucional como desmotivación cívica

La inestabilidad política crónica es otra tensión estructural. En apenas dos décadas, el Perú ha tenido siete presidentes y constantes crisis de legitimidad. Este contexto ha generado un sentimiento de orfandad institucional entre los jóvenes, que perciben el Estado como un aparato corrupto y distante.

El Latinobarómetro (2023) confirma que el Perú se ubica entre los países con menor confianza en el Congreso (8%) y en los partidos políticos (5%). En consecuencia, los jóvenes optan por una ciudadanía más emocional que estructurada, que se expresa en protestas o campañas digitales, pero no en la construcción de movimientos duraderos. Como señala Chantal Mouffe (2013), la democracia contemporánea vive una crisis de representación porque no logra canalizar la pasión política en proyectos colectivos.

5. Modernización tecnológica sin justicia social

La expansión digital ha democratizado el acceso a la información, pero no ha eliminado la desigualdad, sino que la ha desplazado al ámbito tecnológico. La brecha ya no es entre conectados y desconectados, sino entre quienes usan la tecnología para producir conocimiento y quienes solo la consumen. La Generación Z es hábil en redes sociales, pero carece de formación crítica para protegerse de la manipulación y el algoritmo.

Esta “modernización sin equidad” constituye una nueva forma de exclusión: la brecha cognitiva. Mientras algunos jóvenes logran insertarse en empleos digitales globalizados, otros quedan atrapados en la economía informal digital (delivery, ventas por app, trabajos temporales), donde la flexibilidad es sinónimo de vulnerabilidad.

6. Precariedad emocional y crisis de sentido

Finalmente, la tensión más profunda es la subjetiva: una generación que, pese a estar hiperconectada, se siente sola, agotada y sin horizonte. La falta de estabilidad educativa, laboral y política genera un vacío simbólico que ni la tecnología ni el consumo logran llenar.
Byung-Chul Han (2012) lo explica con precisión: vivimos una sociedad del rendimiento donde la autoexplotación sustituye a la opresión externa. La juventud peruana, atrapada en esa lógica, se exige productividad constante, pero carece de reconocimiento y descanso.

Síntesis interpretativa

Estas seis tensiones estructurales configuran un sistema de desigualdad multidimensional. La Generación Z no es víctima pasiva, pero tampoco agente pleno de transformación: se mueve dentro de márgenes impuestos por un Estado débil, un mercado excluyente y una cultura meritocrática que disfraza la injusticia de esfuerzo individual.

En términos de Anthony Giddens (1991), la modernidad reflexiva obliga al individuo a reinventarse constantemente, pero cuando esa reinvención ocurre sin soporte institucional, el resultado es vulnerabilidad existencial. La juventud peruana encarna esa paradoja: más preparada que nunca, pero más sola frente al riesgo.El problema, por tanto, no radica en la juventud, sino en el país que no sabe sostenerla.

 10. Implicancias para la política pública (economía, educación, salud y derechos)

La lectura crítica de la Generación Z peruana no puede concluir sin preguntarse qué tipo de políticas públicas requiere un país que ha normalizado la desigualdad. Los jóvenes de 15 a 29 años no representan solo una categoría demográfica, sino el corazón del bono demográfico que el Perú podría aprovechar para consolidar un desarrollo sostenible. No obstante, sin un cambio estructural en las políticas educativas, laborales y sociales, ese bono corre el riesgo de convertirse en un pasivo generacional.

El desafío es diseñar políticas que no sean paliativas ni asistenciales, sino transformadoras y redistributivas, capaces de articular las dimensiones educativa, económica, tecnológica y emocional de la vida juvenil. A continuación se proponen ejes estratégicos:

1. Rearticular la transición escuela–trabajo

El principal problema del Perú no es la falta de jóvenes calificados, sino la falta de sistemas que vinculen la formación con el empleo decente. Se propone implementar un modelo de educación dual inspirado en las experiencias de Alemania, México o Chile, donde el estudiante combina formación teórica con prácticas en empresas certificadas. El Estado debe ofrecer incentivos fiscales a las MYPE que contraten jóvenes y creen programas de primera experiencia laboral con seguro y acompañamiento.

Asimismo, urge crear un sistema nacional de certificación de competencias (manuales, técnicas, digitales y agrícolas) que reconozca los saberes adquiridos fuera del aula, especialmente en contextos rurales. Esto permitiría romper la dicotomía entre educación formal e informal, y transformar la experiencia práctica en capital laboral reconocido.

2. Democratizar la educación superior y técnica

Las universidades e institutos del país deben ser parte de una política de equidad territorial. El 70% de las instituciones de educación superior se concentran en Lima, lo que reproduce la centralización del conocimiento. El Estado debería descentralizar la oferta educativa mediante becas regionales, sedes universitarias interculturales y programas técnicos articulados con las economías locales (agroexportación, turismo sostenible, biotecnología, minería verde, etc.).

Además, se necesita fortalecer la educación técnica de corta duración y con alta empleabilidad, especialmente en zonas rurales y amazónicas, donde los jóvenes requieren soluciones de rápida inserción laboral. Estas medidas deben ir acompañadas de orientación vocacional con enfoque de género e interculturalidad, evitando que la elección de carrera reproduzca estereotipos o barreras simbólicas.

3. Redefinir el empleo juvenil desde la formalización y la protección social

La informalidad laboral juvenil no se reduce con decretos, sino con incentivos estructurales.
El Estado puede establecer un “Sello Empresa Joven Formal”, otorgado a compañías que formalicen a trabajadores jóvenes mediante contratos con seguridad social, capacitación y seguro de salud mental. De igual modo, es urgente revisar el marco tributario para que la formalización de la microempresa no sea más costosa que la informalidad, mediante la reducción de cargas laborales graduales y acceso a créditos blandos.

En paralelo, se debe garantizar la protección social universal para jóvenes trabajadores independientes y de plataformas digitales. La expansión del empleo digital y de la gig economy exige un nuevo marco jurídico laboral que reconozca derechos mínimos: jornada razonable, aportes previsionales flexibles y seguro de salud integral.

4. Institucionalizar la salud mental juvenil como política pública prioritaria

La salud mental no puede seguir tratándose como un tema individual o asistencial. Debe integrarse en el sistema educativo y laboral como un derecho fundamental.
Se propone la creación de una Red Nacional de Salud Mental Joven, con centros comunitarios en cada provincia, programas de orientación escolar y atención psicológica gratuita para estudiantes de secundaria, institutos y universidades.

Además, los campus educativos deben incorporar protocolos de bienestar emocional, prevención del acoso y detección temprana de depresión o ansiedad.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud podrían coordinar campañas conjuntas con redes digitales, aprovechando el lenguaje y las plataformas que los jóvenes realmente usan.

5. Promover una ciudadanía digital crítica y participativa

La hiperconectividad juvenil solo se traducirá en ciudadanía si se acompaña de educación digital crítica.El Estado, en colaboración con medios, universidades y sociedad civil, debe desarrollar programas de alfabetización mediática, que enseñen a distinguir información veraz, detectar manipulación y proteger datos personales.

Asimismo, deben fortalecerse los Consejos Regionales de Juventud y los mecanismos de presupuesto participativo juvenil, de modo que los jóvenes no solo protesten, sino también deliberen y decidan sobre políticas locales.La meta es convertir el activismo episódico en incidencia institucional sostenida, transformando la energía de las calles y redes sociales en políticas públicas concretas.

6. Incorporar enfoque interseccional y de justicia social

Todas las políticas deben reconocer que la juventud peruana no es homogénea: las condiciones de clase, género, etnia, territorio y orientación sexual crean desigualdades específicas.Por ello, cualquier política juvenil debe incorporar un enfoque interseccional que priorice a las jóvenes rurales, madres adolescentes, estudiantes indígenas, afroperuanos y personas LGTBIQ+.

La inclusión no es un discurso: es redistribución efectiva del poder. Sin representación diversa en los espacios de decisión, la juventud seguirá siendo objeto de políticas, no sujeto de derechos.

7. Reconfigurar el pacto social con las juventudes

Finalmente, es necesario repensar la relación entre Estado y juventud. El Perú no necesita más programas “para jóvenes”, sino un nuevo pacto social con las juventudes: reconocimiento, voz y participación en la planificación nacional. Ello implica que el Plan Nacional de la Juventud 2025–2030 no sea un documento marginal, sino una estrategia transversal que articule los ministerios de Educación, Trabajo, Cultura, Salud y Economía bajo una visión generacional de país.

En suma, la política pública debe pasar del asistencialismo a la transformación estructural.
Educar, emplear y cuidar a la Generación Z no es un acto de benevolencia, sino una condición para la supervivencia democrática del Perú. Una nación que no escucha a sus jóvenes está condenada a repetir su crisis, pero una que los reconoce puede convertir su energía en el motor de una nueva historia social.

 

11. Conclusión

La Generación Z peruana (1997–2012) constituye el espejo más claro de las contradicciones del Perú contemporáneo: un país joven, digitalizado y educado, pero atrapado en estructuras sociales y económicas profundamente desiguales. Esta generación encarna simultáneamente el éxito del acceso y el fracaso de la equidad; ha conquistado la conectividad global, pero no la estabilidad material; ha ganado voz, pero no poder.

El análisis sociológico y crítico desarrollado a lo largo de este ensayo permite afirmar que el Perú vive una modernidad inconclusa: adopta los símbolos del progreso —internet, educación superior, finanzas digitales— sin resolver las bases de su desigualdad histórica. En este escenario, la Generación Z no solo habita el cambio, sino que padece sus desequilibrios. Su vida cotidiana transcurre entre la sobreexigencia meritocrática, la informalidad laboral, la precariedad emocional y la desconfianza política.

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la escuela y el trabajo —que debieron ser los grandes mecanismos de movilidad social— se han convertido en espacios donde el capital cultural se convierte en frustración y el esfuerzo en deuda simbólica. Ulrich Beck explicaría este proceso como la individualización del riesgo: los jóvenes deben cargar con los costos de un sistema que no los protege. Y en la lógica de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, la juventud peruana se ve obligada a adaptarse constantemente a una realidad que se disuelve más rápido que sus sueños.

No obstante, en medio de esta precariedad estructural emerge una potencia inédita: una generación que, pese al desencanto, no ha renunciado a imaginar un país distinto. Su ciudadanía digital, su creatividad y su capacidad de organización inmediata demuestran que la juventud no es pasiva ni indiferente, sino crítica y resiliente. Las protestas de 2020 y 2023 son prueba de que los jóvenes no buscan destruir el sistema democrático, sino redefinirlo desde la ética de la dignidad y la justicia.

La tarea pendiente del Estado y la sociedad peruana no es “incluir” a los jóvenes como si fueran un grupo aparte, sino reconstruir el contrato social desde su perspectiva. Ellos no representan el futuro: son el presente de un país que aún no sabe dialogar con sus propias generaciones.
Reconocer su derecho a la educación de calidad, al empleo digno, a la salud mental y a la participación política no es una concesión, sino una deuda democrática.

En última instancia, la Generación Z del Perú nos recuerda que la modernidad sin justicia es solo apariencia, y que la equidad no se mide por el acceso a la tecnología o la escolarización, sino por la posibilidad real de vivir una vida digna, segura y significativa.
Si el país logra escuchar a sus jóvenes y construir con ellos políticas basadas en derechos y reconocimiento, el llamado “bono demográfico” dejará de ser una oportunidad perdida y se convertirá en una fuerza de renovación histórica.

Porque el verdadero desarrollo no consiste en tener más jóvenes conectados, sino en tener más jóvenes esperanzados.

 

Referencias:

1. Fuentes teóricas y conceptuales

• Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
• Bauman, Z. (2005). Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias. Paidós.
• Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paidós.
• Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Siglo XXI Editores.
• Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI Editores.
• Castells, M. (2010). Comunicación y poder. Alianza Editorial.
• Giddens, A. (1991). Modernidad e identidad del yo. Alianza Editorial.
• Giddens, A. (1994). Consecuencias de la modernidad. Alianza Editorial.
• Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.
• Mannheim, K. (1952). Essays on the Sociology of Knowledge. Routledge.
• Mouffe, C. (2005). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica.
• Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

 

2. Fuentes estadísticas y nacionales (Perú)

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Lima: INEI.
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Boletín de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Lima: INEI.
• Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). (2023). Cifras de la educación superior 2022–2023. Oficina de Estadística Educativa.
• Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU). (2023). Juventudes del Perú 2017–2022: Informe nacional. Lima: MINEDU–SENAJU.
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2024). Situación del empleo juvenil en el Perú. Dirección de Promoción del Empleo.
• Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2024). Informe de Inflación: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. Lima: BCRP.
• Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2024). Informe Nacional sobre Salud Mental 2022–2024. Lima: MINSA.
• Defensoría del Pueblo. (2023). Reporte anual de conflictos sociales y derechos humanos 2023. Lima: DP.
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2024). Informe sobre inclusión financiera y educación digital en el Perú. Lima: SBS.

 

3. Fuentes internacionales y comparadas

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama social de América Latina 2023. Santiago de Chile: CEPAL.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Educación, juventud y desigualdad digital en América Latina. CEPAL–UNESCO.
• Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2024). Transición escuela–trabajo en América Latina: Informe regional 2024. Ginebra: OIT.
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2023). Informe Mundial sobre Educación 2023: Invertir en el futuro de la juventud. París: UNESCO.
• Banco Mundial. (2024). Informe sobre el empleo juvenil y la productividad en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: World Bank Group.
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2023). Juventud, aprendizaje y bienestar emocional en América Latina post-pandemia. Nueva York: UNICEF.
• Latinobarómetro. (2023). Informe 2023: Democracia y opinión pública en América Latina. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
• Friedrich Ebert Stiftung (FES). (2023). Juventud, empleo y democracia en el Perú: Desafíos postpandemia. Lima: FES.
• IDEA Internacional. (2024). Democracia en Perú y América Latina: Desafección y nuevas ciudadanías. Estocolmo: IDEA.

 

4. Estudios cualitativos y socioculturales

• Fundación Friedrich Naumann. (2023). Juventudes y participación política digital en el Perú. Lima: FNF.
• Ipsos Perú. (2024). Estudio Nacional de Opinión Juvenil 2024. Lima: Ipsos.
• Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2023). Barómetro de la juventud peruana: Valores, política y desigualdad. Lima: IEP.
• IDEA Internacional & ONU Mujeres. (2023). Género, participación política y juventudes en el Perú. Lima: IDEA–ONU.
• Amnistía Internacional. (2023). Perú: ¿Quién disparó la orden? Derechos humanos y represión estatal 2022–2023. Londres: AI.

 

5. Referencias complementarias (contexto y teoría aplicada)

• De Sousa Santos, B. (2018). Epistemologías del Sur: Justicia contra la epistemicidio. Siglo XXI Editores.
• Fraser, N. (2019). Los límites del capitalismo progresista. Herder.
• Harvey, D. (2005). Breve historia del neoliberalismo. Akal.
• Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta.
• Touraine, A. (2010). La mirada social: Un marco para la acción. Paidós.
• Žižek, S. (2018). El coraje de la desesperanza. Anagrama.