“Terruquear”: la criminalización del disenso y la erosión del pluralism democrático en el Perú

 

Pilar Vilcapaza Masco
Ensayo (Jurídico sociopolítico).

Introducción

En los últimos años, el Perú ha experimentado una preocupante regresión en la tolerancia democrática y el respeto por la diversidad ideológica. Frases como “no maten a los manifestantes”, “queremos justicia” o “el sur también es Perú” han sido descalificadas como discursos “antipatrióticos” o “subversivos”. En el debate público se ha vuelto habitual el uso del término “terruquear” —acusación sin pruebas de simpatizar con el terrorismo— para desacreditar a quienes protestan o exigen respeto por sus derechos. Este fenómeno, alimentado por el miedo, la desinformación y los intereses políticos, constituye una forma moderna de persecución ideológica, que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú (1993) y en los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 2, inciso 3, de la Constitución peruana es explícito al afirmar: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias.” Por lo tanto, ser “zurdo”, progresista o simplemente crítico del poder no puede ni debe ser considerado un delito, una traición ni un motivo de odio social. Exigir justicia o denunciar la violencia estatal no responde a una ideología partidaria, sino a valores universales: la vida, la dignidad y la libertad. Sin embargo, la tendencia actual a etiquetar y silenciar al disidente demuestra un grave deterioro de la cultura democrática.

I. El “terruqueo” como instrumento de censura ideológica

El término “terruquear” surgió en el Perú durante el conflicto armado interno (1980–2000), cuando se utilizaba para acusar de terrorista a cualquier persona o grupo que mostrara simpatía con la izquierda o criticara al gobierno. Si bien en aquel contexto el país enfrentaba a organizaciones subversivas como Sendero Luminoso o el MRTA, el uso indiscriminado del término se extendió más allá del combate al terrorismo, convirtiéndose en una herramienta política de deslegitimación moral. En la actualidad, “terruquear” se ha transformado en un mecanismo simbólico de control social. Durante las protestas de 2022 y 2023 —tras la destitución del expresidente Pedro Castillo—, cientos de manifestantes fueron tildados de “terroristas” por exigir la renuncia presidencial o el adelanto de elecciones. Según Amnistía Internacional (2023), más de 60 personas murieron por uso excesivo de la fuerza en regiones como Ayacucho, Puno y Apurímac, pero el discurso oficial insistió en justificar las muertes bajo la lógica de la “defensa del orden”. De este modo, el lenguaje del “terruqueo” sirvió para deshumanizar a las víctimas y legitimar la represión estatal.

II. Libertad ideológica y pluralismo democrático

La libertad ideológica es el derecho a pensar, creer y actuar conforme a las propias convicciones sin ser perseguido por ello. El artículo 2, inciso 3, de la Constitución peruana lo consagra expresamente, junto con la libertad de expresión (inciso 4). Estos derechos son esenciales para sostener una sociedad democrática, plural y tolerante. Sin embargo, cuando los medios de comunicación o los actores políticos promueven la idea de que pensar distinto es peligroso, se erosiona la base misma de la convivencia republicana. De acuerdo con Bobbio (1996), la democracia se mide no por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de convivir con las diferencias. En este sentido, el disenso no debilita a la nación, la fortalece. El pluralismo político permite que las distintas visiones —de derecha, izquierda, centro o movimientos sociales— participen en la construcción de lo público. Cuando se impone una única forma “aceptada” de pensar, se pasa del Estado de Derecho al Estado del miedo.

III. El papel de los medios y la opinión pública

Los medios de comunicación cumplen un rol central en la reproducción del “terruqueo”. Según un informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP, 2023), durante las protestas nacionales más del 40 % de las coberturas televisivas presentaron a los manifestantes como violentos, radicales o vinculados a movimientos extremistas sin pruebas verificables. Este sesgo mediático no solo vulnera el principio de veracidad periodística, sino que alimenta la polarización y el racismo estructural. La cobertura selectiva —centrada en la destrucción de propiedad y no en las víctimas humanas— revela un profundo desprecio hacia los pueblos andinos, indígenas y rurales, principales protagonistas de las movilizaciones. Como señala Degregori (2011), el discurso del “enemigo interno” ha sobrevivido en la mentalidad peruana, reproduciendo la idea de que el mundo andino es atrasado o peligroso. Así, el “terruqueo” se convierte en una herramienta de exclusión cultural que refuerza jerarquías históricas entre Lima y el resto del país.

IV. El derecho a disentir como expresión de humanidad

El derecho a disentir no es un privilegio político, sino una condición humana. Implica la capacidad de cuestionar lo injusto, de expresar desacuerdo sin temor a represalias. Cuando el disenso se castiga con insultos o persecución, la sociedad retrocede hacia formas autoritarias de pensamiento. Como sostiene Hannah Arendt (1958), pensar es un acto de responsabilidad moral frente al mundo. La pérdida de esta capacidad crítica abre la puerta a la obediencia ciega y a la banalización del mal. En el Perú, el “terruqueo” cumple esa función: convierte la violencia en normalidad y el silencio en virtud. Frente a ello, defender el derecho a disentir se vuelve un acto de resistencia ética.

Conclusión

El “terruqueo” es una forma contemporánea de censura y persecución ideológica que amenaza la libertad, el pluralismo y la democracia peruana. Bajo el pretexto de combatir el extremismo, se criminaliza el pensamiento crítico y se deslegitima el reclamo ciudadano. Sin embargo, defender los derechos humanos no tiene color político: es un acto de conciencia y humanidad. La Constitución peruana protege el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; por tanto, nadie debe ser insultado, despedido o encarcelado por pensar diferente. Recuperar el valor del disenso es vital para reconstruir la confianza social y reconciliar un país fracturado. La verdadera amenaza no son las ideas diversas, sino la intolerancia que las silencia.

Referencias

·       Amnistía Internacional. (2023). Perú: La represión letal debe cesar. https://www.amnesty.org/es

·       Arendt, H. (1958). La condición humana. Paidós.

·       Asociación Nacional de Periodistas del Perú. (2023). Informe anual sobre libertad de expresión en el Perú. Lima, Perú.

·       Bobbio, N. (1996). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

·       Constitución Política del Perú. (1993). Congreso de la República del Perú.

·       Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2023). Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Ginebra.

·       Degregori, C. I. (2011). Qué difícil es ser Dios: Ideología y violencia política en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.

·       Meléndez, C. (2023). La república del miedo: El terruqueo y la crisis del consenso democrático en el Perú. PUCP.

·       Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.